Gobierno de Lozano bajó cortinas de seguridad desde 2015

Aguascalientes, Febrero 16 (2017).-Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consultada por alchileaguascalientes.com revela que la seguridad de los habitantes dejó de importar a la administración del priista, Carlos Lozano de la Torre un par de años antes de concluir su sexenio. De acuerdo con la Auditoría practicada al ejercicio 2015, se ventilan sub-ejercicios en materia de seguridad pública.

Durante el año en cuestión,se revisó una muestra de poco más de 111 millones de pesos de los 130 que envió la Federación para el Fortalecimiento de la Seguridad mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados. Al 31 de diciembre de 2015, el estado no había ejercido el 68.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2016, aún no se ejercía el 56.4%; ello género un impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y generó retrasos en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional.

En el ejercicio de los recursos, el estado de Aguascalientes no observó lo dispuesto, incurrió en inobservancias de
la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74,159.2 miles de pesos, que
representan el 66.5% de la muestra auditada.

No se cumplieron los indicadores que miden el “Ejercicio de recursos del FASP” con del 31.2%; el indicador referente al “Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso FASP” fue del 67.1%; el indicador de la “Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes” no se cumplió al reportar 100.9%.

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015
se alcanzó solamente el 62.8% del total de las metas programadas y se cometieron 17.5 delitos por cada 1,000 habitantes.